México, energía y T-MEC: el nuevo capítulo de presión desde Estados Unidos

El 10 de noviembre, un grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes presentó la “Mexican Energy Trade Enforcement Act”, una iniciativa pensada para forzar a México a cumplir, punto por punto, los compromisos del T-MEC en materia energética. En pocas palabras: Washington quiere un árbitro en la cancha antes de que llegue la revisión del tratado en 2026.
La molestia del lado estadounidense viene de tiempo atrás. Empresas y legisladores acusan a México de cerrar el paso a competidores privados y extranjeros en generación eléctrica, transporte de gas natural y energías renovables. Y aunque esto no es nuevo, la presión sube justo cuando ambos países deberían estar afinando el terreno para la revisión del acuerdo.

¿Qué busca exactamente la ley?
La propuesta pide instalar un panel de solución de controversias para revisar si México ha incumplido compromisos del T-MEC. Entre los puntos que quiere poner bajo la lupa están:

• que las empresas energéticas de EE.UU. reciban un trato no discriminatorio,
• que Pemex y CFE no tengan ventajas que limiten la competencia,
• y que la oficina del Representante Comercial estadounidense tenga margen legal para actuar si ve alguna irregularidad.

¿Cómo reaccionaron ambos países?
En Estados Unidos, grupos como la Cámara de Comercio y el American Petroleum Institute respaldaron la iniciativa. Argumentan que las políticas mexicanas frenan inversiones, distorsionan el mercado y afectan directamente la competitividad. Incluso hablan de activar un Mecanismo de Respuesta Rápida para disputas en energía, con sanciones incluidas.

Del lado mexicano, la postura es la contraria. La Secretaría de Energía asegura que no existe trato discriminatorio y que el marco legal es claro para todos. Afirma que México cumple con el T-MEC y que, por lo tanto, no hay motivos para un panel de controversia.

¿Qué está realmente en juego?
Si la ley avanza, podría abrirse un panel formal del T-MEC y, con él, un nuevo ciclo de tensiones comerciales y diplomáticas. Algunos analistas incluso ven espacio para que la revisión de 2026 derive en una renegociación más amplia si la fricción energética continúa.

Para México, la presión toca un punto delicado: su soberanía energética y el equilibrio entre empresas estatales y privadas. Y para Estados Unidos, el fondo del asunto es garantizar condiciones de competencia para sus compañías.

Los sectores más sensibles siguen siendo los mismos:

• generación eléctrica,
• transporte de gas natural,
• energías renovables.

Este episodio vuelve a poner en el centro una pregunta incómoda: ¿cómo debe organizarse el sector energético en un país que combina empresas estatales fuertes con compromisos de libre comercio? La iniciativa de Washington podría escalar hacia una revisión más profunda del T-MEC, con impactos en inversión, regulación y política energética.

México, por su parte, insiste en defender su modelo sin romper con sus obligaciones internacionales. Y ahí está el verdadero reto: encontrar un punto medio antes de que la revisión de 2026 se convierta en un nuevo conflicto comercial.